Se trata de los últimos relevamientos realizados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas en su habitual “Encuesta Permanente de Hogares”.El fiscal Fernando Simón apeló a las garantías de la Constitución Nacional, que aseguran “el principio de publicidad de los actos de gobierno” (Art. 1 y 33), el “derecho a peticionar a las autoridades” (Art. 14), la “libre disponibilidad de la información pública” (Art. 16), y la “efectiva libertad de expresión” (Art. 14 y 32), entre otros argumentos.“El derecho de acceso a la información pública consiste en la potestad de exigir al Estado (y toda entidad que maneje datos de interés público), la puesta a disposición de información que obre bajo su poder, a fin de tomar conocimiento de ella, consultarla y obtener su reproducción”, esgrimió Simón.

De acuerdo al requerimiento de la fiscalía, el ministro fue emplazado a brindar la información en un lapso no mayor a una semana.

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