Conclusiones respecto del informe de AGN remitido a Fiscalía de Estado
En enero la Fiscalía de Estado recibió, por parte del Gobernador de la Provincia; Lic. Alfredo Cornejo, y de la Vice Gobernadora, Lic. Laura Montero, el borrador de “Proyecto de informe especial de procedimiento de corte” elaborado por la Auditoría General de la Nación respecto de la administración provincial y los municipios de General Alvear, Guaymallén, Las Heras y Malargüe, recibiéndose posteriormente el día 26/02/16 el informe definitivo aprobado por el Colegio de Auditores por Resolución Nº035/16.
Con fecha 12 de enero se solicitó al titular de la A.G.N. remitiese a esta Fiscalía la documentación que autoriza al organismo de control nacional a la realización de la mencionada “auditoría” (la solicitud de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del H. Congreso de la Nación y el correspondiente convenio con la Provincia de Mendoza), sin que a la fecha se haya recibido respuesta al respecto.
Consecuentemente esta Fiscalía otorgó al informe en cuestión el carácter de “denuncia” de los hechos y circunstancias que integran el documento.
A los efectos de la investigación llevada a cabo, se emitieron 20 oficios a las dependencias involucradas a fin de ratificar lo informado por la A.G.N. así como ampliar ciertos aspectos que requerían mayor precisión o profundidad, cuyas contestaciones terminaron de llegar en el corriente mes de abril, quedando aún algunos puntos insuficientemente contestados o no contestados, por los que se han reiterado dichos pedidos.
Sin perjuicio de la información aún pendiente, esta Fiscalía se pronunció sobre diversos puntos de dicho informe, entre ellos sobre el análisis de las designaciones producidas después del 30 de Junio, las contrataciones sin imputación preventiva, el sistema de protocolización y publicidad de los actos administrativos y la recepción por parte de la Provincia y posterior distribución a los Municipios, de los fondos remitidos por la Nación, especialmente los referidos a coparticipación.
Esta conclusión será remitida a los iniciadores de la denuncia y al Honorable Tribunal de Cuentas, encontrándose publicada en su integralidad en la página web junto al informe de la A.G.N.
Una de las observaciones contenidas en la denuncia se centró en el Registro y Protocolización de Actos Administrativos, observando que en muchos casos no se encuentran Resoluciones o los libros de registro se encuentran sin foliar y/o numerar, así como que existen numerosos actos no publicados.
En este punto Fiscalía remarca que el procedimiento está normado y reviste el carácter de instrumento público (art. 289 del CC), por lo que su confección y ordenación deben garantizar los caracteres que los mismos ostentan (firma, fecha cierta, contenido).
En relación a la eventual extemporánea publicación de actos y/o reglamentos administrativos en el Boletín Oficial de la Provincia, observa que la publicación es obligatoria para que tengan vigencia los Reglamentos Administrativos, y que específicamente respecto a los Decretos la Ley Nº 6.335 dispone que deben ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia dentro de los sesenta días hábiles posteriores a su emisión, lo que podría considerarse como una pauta interpretativa válida para aplicarla analógicamente a la administración pública en general y lograr así precisar el plazo en que puede considerarse “temporánea” la publicación a los efectos de garantizar este básico principio republicano.
En cuanto a las irregularidades existentes respecto a la protocolización se puso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Complejos (unidad fiscal N° 17) que venía conociendo en la investigación del asunto a partir de denuncias anteriores existentes.
Respecto a la no transferencia en tiempo a los municipios de fondos recibidos de la Nación, lo que se investiga a partir del informe de la A.G.N. y de las denuncias realizadas anteriormente por los entonces Sres. Intendentes de Las Heras y General Alvear, entre otros, y en función de los informes recibidos del Ministerio de Hacienda, Contaduría y Tesorería General de la Provincia; se verifica la existencia de más de $ 480.000.000 impagos a la fecha 9 de Diciembre de 2.015, los que posteriormente se han ido reduciendo. Ello ha sido puesto en conocimiento de la justicia penal a los fines de la pertinente investigación.
En relación a los nombramientos de personal realizados con posterioridad al 30 de junio y hasta el 9 de Diciembre, el informe de A.G.N. detectó 716 casos, sin analizar el encuadre jurídico de cada uno y por tanto sin pronunciarse sobre su legalidad. A partir de los informes requeridos surgen 333 nombramientos cuya encuadre en la normativa vigente no se encuentra suficientemente satisfecho, habiéndose requerido en algunos casos informes ampliatorios. Muchas de estas situaciones han sido contempladas en actos administrativos dictados por las autoridades actuales, los que se encuentran también en diversos casos recurridos administrativa y/o judicialmente por los interesados.
Surge también del informe de Fiscalía de Estado, así como de la información aportada por las distintas dependencias, la existencia de $ 79.109.119,82 comprometidos sin materialización de trámite administrativo alguno y sin imputación del gasto correspondiente; y de $ 1.346.644.011,30 y la suma de U$S 47.753,10 comprometidos con trámites procedimentales iniciados y sin imputación del gasto correspondiente; lo que arroja un total de gastos realizados sin imputación por $1.425.753.131,12, a lo que debe adicionarse la suma de dólares estadounidenses precitada.
En dichos casos se habría incumplido con la afectación preventiva en legal forma (con intervención de Contaduría General de la Provincia) que prevé el art. 81 y 92 inc. a) de la Ley Nº8.706; 80 del Decreto 1.000/15 y 2 del Decreto Acuerdo Nº665/73, correspondiendo la instrucción de informaciones sumarias y/o sumarios administrativos para determinar las responsabilidades pertinentes.
Casos particulares
Sólo a modo de ejemplo se detallan algunos de los casos detectados.
En relación a Osep, esta denuncia señala 414 nombramientos posteriores al 30 de Junio, estando en análisis cuáles fueron por paritaria y habiendo procedido a disponer la baja de muchos de ellos, los que se encuentran actualmente recurridos judicial y/o administrativamente.
En relación a los gastos aparecen montos sin imputar y sin expediente administrativo por $58.000.000 y gastos sin imputar pero con expediente por $566.000.000.
En ambos supuestos se habría incumplido con la afectación preventiva que prevén los arts. 80 y 92 inc. a) de la Ley Nº8.706; 81 del Decreto Nº1.000/15 y 2 del Decreto Acuerdo Nº665/73.
El segundo caso que se remite a la Administración Tributaria Mendoza (ATM). En referencia al personal, los nombramientos se habrían efectivizado únicamente por negociaciones paritarias, en base a lo que informa dicha repartición (a fs.4).
En el Instituto de Juegos y Casino se encuentra en investigación una denuncia por irregularidades en la licitación de Sistema On Line de Control de Tragamonedas, respecto a la cual se creó una comisión para su estudio en el ámbito del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, habiéndose dispuesto posteriormente su suspensión. Respecto a la misma se encuentran en trámite por cuerda separada distintas denuncias presentadas por la empresa, legisladores así como personal del casino, así como presentaciones realizadas ante la justicia.
Por otra parte, se registran obras en el Hipódromo sin expediente ni procedimiento de la Ley 3799 en violación a los arts. 80, 92, y cctes. de la Ley Nº8.706, 81 del Decreto Nº 1.000/15., 2 del Decreto Acuerdo Nº665/73 y 35 y cctes. de la Ley N3.909
Respecto al pago de premio quiniela por la suma de $363.772.543,79 y pago de premios sin cobrar y no prescriptos de Juegos foráneos por $1.105.336, 94, la Contadora General del organismo informó que “… los premios que otorga el IPJyC se encuentran cancelados en su totalidad…”, por lo que no existiría, irregularidad al respecto.
Respecto a la suma de $ 109.106.976,89 de diferencia de ingresos de coparticipación que la A.G.N. no encontró registrados al 9 de diciembre, Contaduría de la Provincia justificó la situación detectada en virtud que la documentación necesaria para su registro al día de corte no se encontraba aún a su disposición ya que le fue remitida el 14/12/2015 por el Banco de la Nación Argentina, encontrándose dicha situación suficientemente explicitada.