Fernando Simón participó de las Primeras Jornadas Cuyanas de Gobierno Abierto

El acceso a los datos oficiales y la necesidad de impulsar una ley de Acceso a la Información que nuclee a todos los sectores, fueron el eje de la disertación que ofreció el Fiscal de Estado, Fernando Simón, en el marco de un encuentro realizado en la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trata de las Primeras Jornadas Cuyanas de Gobierno Abierto y Segundas de la Red Académica de Gobierno Abierto, Presentación Nodo Cuyo, que se concretaron el 23 y 24 de mayo en el cilindro Central del Cicunc. Las mismas recibieron el impulso de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).
El lunes se escucharon los aportes de la coordinadora de la Red Ester Kaufman, la referente Nodo Cuyo y de Universidad Transparente UNCUYO, María Fernanda Bernabé, y el investigador del área Política y Gestión Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Oscar Oszlak.
El segundo día el foco de la discusión fue Estado, gobiernos locales y sociedad civil: apertura, innovación y experiencias.

Expusieron el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Gregorio Montero, y la responsable de la Red de Gobierno Abierto para Gobiernos Locales del ministerio del Interior, Vivienda y Obras Públicas de la Nación, Lina María Montoya.
Asimismo se compartieron las experiencias en la construcción de un Estado Abierto. Los senadores provinciales Daniela García y Ernesto Mancinelli, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado del Gobierno provincial, Ulpiano Suarez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro, y el Fiscal de Estado, Fernando Simón, dieron a conocer sus experiencias.
El fiscal repasó casos concretos de acceso a la información pública en Mendoza y brindó criterios de datos abiertos. Además sostuvo la necesidad de brindar su aporte a una ley de acceso a la información que perfeccione lo que se ha realizado a través de un decreto. Esto en referencia al 1789/15 que estableció el Régimen de Declaraciones Juradas de Funcionarios.

En este sentido consideró que no es necesario crear otro organismo para su aplicación, teniendo en cuenta que esto podría burocratizar el proceso.