Fiscalía ordena investigar a trabajadores de ATM
La denuncia se originó en octubre cuando un particular da cuenta de una posible irregularidad por parte de funcionarios públicos en el cobro de tasa de justicia tras un litigio judicial iniciado en 2009.
A través de la misiva se pide la investigación sobre la conducta de los abogados encargados de la determinación de la tasa de justicia en la Administración Tributaria Mendoza, José Luis Angélica y Juan Carlos Ortubia, como así también pide que se investigue si hubo colaboracióin de un tercer agente Luis Fernando Bottaro.
El reclamo judicial iniciado por Francisco Albarracín contra Jorge Gassull por incumplimiento de contrato advierte que en la fijación de honorarios la Caja Forense fija el monto del reclamo en 1 millón de dólares. Sin embargo cuando el expediente llega a la ATM el casillero queda en blanco por lo que el tributo para el Estado, que debería alcanzar el 3 por ciento, deja de percibirse.
En el expediente puede verse claramente que la Caja Forense aforó el expediente considerándolo de monto determinado. Posteriormente, el juez reguló los honorarios sobre el monto reclamado en la demanda sin haberse producido prueba.
Tras una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Fiscalía de Estado se instruye a las autoridades de la Administración Tributaria Mendoza que incien un sumario administrativo sobre el accionar de los dos trabajadores como también informe a este organismo de control las medidas que se tomarán para iniciar, si así correspondiere, el cobro correspondiente a ese cánon. El mismo rondaría los 500 mil pesos a los que se sumarían los intereses calculados por actualización.
Por tanto el fiscal de Investigaciones Administrativas, Javier Fernández, aconseja mantener abierta la investigación en virtud del posible daño al patrimonio del Estado, sujeto a lo normado en la ley 728, con el objeto de efectuar un seguimiento de las actuaciones que se formen en ATM.