El Fiscal presentó su previsiones presupuestarias para 2021

El funcionamiento anual de Fiscalía de Estado demandará poco más de 269 millones de pesos en 2021. Adicionalmente administra la partida de juicios de todo el Estado, que preve una pauta de 195 millones pesos, aunque el registro y la evolución de las tasas estimadas ascenderá a algo más de 250 millones de pesos. El fiscal de Estado, Fernando Simón, fue quien explicó el pedido ante los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El organismo de control demandará para su funcionamiento anual un 0,10 por ciento del presupuesto total de la Provincia, que asciende a más de 265 mil millones de pesos. De esta forma, los fondos requeridos para el funcionamiento del organismo alcanzan los 268.754.764,82 pesos, el resto será destinado a la cancelación de juicios. Las erogaciones previstas para salarios de personal alcanzan los 253.667.489 pesos. La partida solicitada para bienes está estimada en 1.283.636 pesos, mientras que en servicios están presupuestados 208.417.638 pesos. En este ítem están incluidos pago de juicios (195 millones de pesos), los servicios generales, locaciones de servicio, servicios públicos y alquiler del inmueble. Por su parte, los bienes de capital que podrán adquirirse están valuados en 386 mil pesos, en 2020 Fiscalía no tuvo partida y necesita reinvertir en equipamiento informático.
El personal de Fiscalía de Estado se redujo sensiblemente de los 142 agentes que poseía en 2015, a unos 123 (con 4 agentes cedidos a la Oficina de Ética Pública e Investigaciones Administrativas). El mismo se mantiene estable desde 2017.
Las causas ingresadas registraron un sensible aumento en 2018, pero descendieron nuevamente en 2019. Así en 2015 se registran 630 causas, en 2016 1081, mientras que en 2017 se presentaron 1127 causas. En 2018 crece a 1715, mientras que en 2019 se registraron 992 y en lo que va de 2020 solo 290.
El total de juicios activos que posee el organismo de control asciende a 8048, mientras que en 2019 ha emitido 2353 dictámenes administrativos. Los organismos más demandados son el Poder Ejecutivo excluyendo Salud y Seguridad (623), la Dirección General de Escuelas (466), Ministerio de Seguridad (278), Ora Social de Empleados Públicos (277), Municipalidad de Guaymallén (262), Municipalidad de Ciudad de Mendoza (226), Ministerio de Salud (212), Instituto Provincial de la Vivienda 191 y Poder Judicial (155).
El fiscal solicitó ante la Comisión de Hacienda una modificación al artículo 56 de la Ley 9254. La misma propone la continuación de la registración de sentencias por parte de algunos organismos autárquicos que cuentan con fondos propios: IPV – DPV – ATM – IJyC. En esta oportunidad solicitó que se incorporen las demandas de la Obra Social de Empleados Públicos (Osep). De aprobarse el pedido, deberán implementar sus propios sistemas de registración conforme lo previsto en el último párrafo del art. 54 de la Ley N°8706 y sus modificatorias, a los efectos de cumplir, con recursos de sus presupuestos, con la cancelación de las sentencias firmes recaídas en juicios en que dichas reparticiones resulten condenadas.
Simón recalcó además la necesidad de independencia y autonomía de los organismos de control institucional. Para esto propuso modificar los artículos 8, 24 y 35 del presupuesto provincial. Dichos artículos subordinan decisiones de los organismos de control a las del Poder Ejecutivo.

Presentación presupuesto 2021 FdE