La Corte fijó un caudal para el Atuel e instó a trabajar en un plan de obras

La disputa histórica, entre las provincias de Mendoza y La Pampa, por el caudal del Río Atuel podría disiparse tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fijó un caudal mínimo permanente del río de 3,2 m3/s en el límite de estas dos localidades.
El Fiscal de Estado, Fernando Simón, celebró la decisión judicial al marcar que conceptualmente el fallo le da la razón a Mendoza al entender que para que se pueda garantizar un caudal permanente de agua, se debe encarar un importante plan de obras a 10 años y financiado de manera conjunta.
El dictámen fue votado de manera positiva por los ministros Elena Higthon de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rossatti y Carlos Rosenkratz (este con voto concurrente). Enfatizó además la necesidad de abordar el conflicto del Atuel desde una perspectiva de unidad -como una cuenca hídrica- dado que los recursos naturales son interdependientes y deben ser cuidados de manera integrada.
El fallo, da lugar a los argumentos propuestos del Instituto Nacional del Agua (INA), y ordena a las partes involucradas que, junto con el Estado nacional, determinen las acciones u obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente fijado. Mendoza había propuesto que el caudal fuese de 2,2 metros3/s, y posteriormente a través de un plan de obras llegaría a la meta de 3,2m³/s.
A través del escrito, el Tribunal recordó que el conflicto deviene de la disminución de la oferta y, a su vez, del aumento de la demanda de agua del Río Atuel. Asimismo, añaden que ese recurso debía también ser destinado a la conservación del ecosistema interprovincial, para que mantenga su sustentabilidad, todo ello sin perder de vista el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho.
Simón comentó que Mendoza adherirá al pedido de fortalecimiento institucional del organismo de cuenca, integrando al Estado Nacional, a cuyo fin deberán considerar la propuesta realizada por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación para la conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel.

La historia

El conflicto por las aguas del Atuel tiene sus orígenes a mediados del siglo pasado, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad, y complementariamente al regadío existente en Mendoza.
En 1987, tras un reclamo judicial de la provincia vecina iniciado en 1979, la Corte Suprema de Justicia se expresó reconociendo el derecho preferente de Mendoza a mantener los usos actuales hasta 75.671 hectáreas, por considerar que la forma en que se implementaron respetaba el principio de un uso equitativo y razonable, y consiguientemente rechazó la posesión de caudales que reclamaba La Pampa. También, de forma complementaria, recomendó que las partes debían negociar y celebrar de buena fe convenios para regular usos futuros que fueran eventualmente posibles en el marco de las pautas consideradas en esa sentencia, es decir una vez irrigadas esas 75.761 ha. Situación que jamás ha podido concretarse ya que nunca se ha logrado superar las 50.000 ha. irrigadas, consecuencia de las recurrentes crisis hídricas que atraviesa Mendoza.
En mayo de 2014 el gobierno de La Pampa demandó nuevamente, ante la Corte Suprema de Justicia a Mendoza por el uso de las aguas del cauce. Este reclamo judicial, que se sumó al de un particular elevado en 2010, argumenta que la provincia ha sido la causante de daños sociales, económicos y ambientales en el suroeste de la vecina provincia.

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