Fiscalía solicita que se intime a las empresas hidrocarburíferas que no han completado sus obligaciones

La extensión del contrato de concesión de 16 áreas petroleras se firmó en 2011 y por aquel entonces las firmas se comprometieron al saneamiento de sus pasivos ambientales antes de terminar sus plazos de concesión original, el que a la fecha se encuentra vencido. Esas prórrogas de concesiones fueron otorgadas a cinco firmas: Sinopec, Chañares Herrados, Petrolera El Trébol, YPF y Petroquímica Comodoro Rivadavia.
El punto 3.9 de las actas que otorgaron las prórrogas, establecía que las empresas debían remediar, a la fecha de vencimiento del plazo original de las concesiones, los pasivos ambientales que surgieren de la evaluación del Informe Ambiental 2008 de las mismas, independientemente de la fecha en que los se hayan producido. Desde el 2015 Fiscalía de Estado ha venido solicitando el control del cumplimiento de los planes de remediación.
A la fecha, y encontrándose vencido los plazos, se ha solicitado a la autoridad de aplicación de las mencionadas prórrogas que tome las medidas necesarias, contempladas en el acta acuerdo firmada por aquellos años. De acuerdo a ese compromiso, se deberá intimar a las empresas que no han completado el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, a que en un plazo perentorio y razonable subsanen su incumplimiento, bajo apercibimiento de dictarse la caducidad de la extensión de la concesión prorrogada.
El organismo de control del patrimonio público se expresa a través de un dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Ambientales, solicitando a la Dirección de Protección Ambiental (DPA) que complete los procedimientos administrativos correspondientes hasta el dictado del acto de resolución de cierre elaborada para las firmas PCR S.A y El Trébol S.A., y que remita la resolución correspondiente a Chañares Herrados. Estas tres empresas, conforme lo informado por la autoridad ambiental, habrían cumplido sus obligaciones ambientales.
Asimismo, se solicitó que se ponga en conocimiento de la autoridad de aplicación (actualmente el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía) la situación de incumplimiento de las empresas SINOPEC (un 2 %) e YPF (un 75 %), conforme lo que surge de lo informado por la DPA.
En ambos casos, si bien presentan diferente nivel de incumplimiento, Fiscalía solicita que se aplique el procedimiento fijado en el punto 7 de las actas. Ello implica que deberá intimarse a ambas empresas a que en un plazo perentorio y razonable subsanen su incumplimiento, bajo apercibimiento de dictarse la caducidad de la extensión de la o las concesiones prorrogadas.

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