Fiscalía de Estado ganó un millonario juicio iniciado por Magna Inversora
A más de 20 años de la privatización de los bancos oficiales la Justicia falló a favor de la provincia de Mendoza en una demanda millonaria encarada en 2007 por parte de Magna Inversora y Grupo República contra el Gobierno de Mendoza por daños y perjuicios. Así la Provincia eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo inversor en aquel momento, algo más de 150 millones de pesos actualmente.
Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno llevaron a cabo la defensa del patrimonio oficial en el reclamo millonario y aguardarán que la sentencia no sea apelada ante un tribunal superior.
Este martes la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada N1, dictó sentencia rechazando la demanda en su totalidad. El reclamo que se le hizo a la provincia fue por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1995. Sin embargo la Justicia rechazó de plano las acusaciones del grupo empresario liderado por Raúl Moneta, argumentando que el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente, entre otras cuestiones.
El Banco República, junto a Magna Inversora (en aquella época integrado por la desaparecida AFJP Fecunda y un grupo de 35 empresas de Cuyo), pagó por los dos bancos provinciales 30 millones de pesos casi lo mismo que reclamaron años después. Estas entidades reunían en ese momento un total de 600 millones de pesos en depósitos, 1100 empleados y una red de 100 sucursales en todo el país.